Referentes de la entidad participaron de un evento organizado por FERRERE donde presentaron un diagnóstico del tema.
Con la participación de tres referentes del Banco Mundial, FERRERE realizó el encuentro “Buenas prácticas y barreras culturales en materia de género, una mirada regional y local”, en el que se presentaron dos informes del organismo internacional, con el objetivo de conocer los últimos diagnósticos al respecto y abordar los desafíos que hay por delante.
Claudia Corminales, analista legal del Banco Mundial, expuso el informe “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2021”, mientras que Lourdes Rodríguez, economista senior de la entidad financiera, presentó “Jugar un partido desigual, diagnóstico de género en Uruguay”. Además, participó de la jornada Celia Ortega Sotes, representante del Banco Mundial en Uruguay, quien dio una introducción general a la temática.
La socia de FERRERE Isabel Laventure, quien moderó el evento, explicó que la actividad se enmarca dentro de FERRERE Transforma, el programa de Responsabilidad Social Corporativa de la firma, que tiene foco en la educación y en la promoción de capacidades. “Nuestra intención es ser agentes de cambio, particularmente en un tema como la igualdad de género, que es parte de nuestro ADN”, dijo.
Laventure sostuvo que para alcanzar la igualdad de género “modificar las leyes es un requisito necesario pero no suficiente. Necesitamos implementar las leyes de manera significativa, esto es realizar cambios en actividad en normas culturales arraigadas”.
En su introducción, Ortega Sotes mencionó que en los últimos 50 o 70 años países como Irlanda, Corea o Singapur, entre otros, han crecido y que han mejorado su nivel de vida y eso ha sido “gracias a la movilización de su capital humano” y al “empoderamiento económico de las mujeres. Ningún país puede crecer sin maximizar el potencial del 50% de su población, que son las mujeres”.
El informe “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2021” indica que a pesar de los avances recientes hacia la equidad de género en los países, las leyes limitan sus oportunidades económicas y sociales. Esto se ha agravado aún más debido a la llegada del COVID-19.
El reporte mide leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan las oportunidades económicas de las mujeres en 190 países. Las áreas evaluadas van desde la movilidad a los desafíos que representan el trabajo, la crianza de los hijos y la jubilación, entre otras.
Corminales explicó que “a nivel mundial se han registrado 1.500 reformas legales de género desde 1970, pero eso no es suficiente ya que las mujeres aún tienen el 75% de los derechos reconocidos a los hombres”.
La oradora puso foco en Bolivia, Paraguay y Uruguay y mostró que la puntuación promedio en los ocho indicadores medidos en estos países “es más alta que el promedio mundial y el promedio de América Latina y el Caribe”.
Posteriormente, Rodríguez destacó algunos conceptos manejados en el “Jugar un partido desigual, diagnóstico de género en Uruguay”, el informe que explora avances y retos hacia el logro de la igualdad de género en Uruguay.
Si bien Uruguay está bien posicionado en comparación con la región, sigue rezagado respecto a otras economías de renta alta. Asimismo, hay otras características sociales (raza, edad, lugar de residencia, etc.) que se superponen al género, haciendo que algunos grupos de mujeres se vuelvan más vulnerables.
Rodríguez aseguró que se ha generado un “círculo vicioso”, con dos barreras predominantes. “Una es que hay grandes dificultades para combinar la participación en el trabajo remunerado y las tareas domésticas, sobre todo las tareas de cuidado. La segunda son los salarios sumergidos de las mujeres, que hacen que el costo de oportunidad de encontrar arreglos para que alguien más cuide a los hijos no sea sencillo. Entonces las mujeres terminan quedándose en la casa. Eso refuerza en la sociedad el rol de las mujeres como cuidadoras, que hace además mayor discriminación en el mercado laboral”, señaló.
En ese sentido, indicó que la agenda para promover la igualdad de género en Uruguay necesitará focalizarse en algunas áreas clave, entre las que se encuentran erradicar la violencia de género, asegurar acceso a empleo de calidad para las mujeres, reducir la brecha salarial, mejorar la representación de las mujeres en espacios de decisión y desarrollar un adecuado sistema de cuidados.
