Regulación abre camino al financiamiento colectivo a emprendedores, estima CPA FERRERE

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La nueva normativa fija límites máximos de inversión y aporta garantías para los agentes participantes en ese segmento financiero.

La reglamentación del artículo 50 de la Ley 19.820  de Fomento al Emprendedurismo que regula el funcionamiento de las plataformas de financiamiento colectivo abre una nueva oportunidad de mercado para que emprendedores locales -que muchas veces no cuentan con alternativas en el sistema bancario o la bolsa de valores- puedan acceder a fondos de particulares para financiar sus proyectos, consideró el gerente del Área de Gestión de Riesgo de CPA Ferrere, Ariel Jabcovski.

El decreto reglamentario define a las plataformas de financiamiento colectivo como mercados de negociación de valores de oferta pública abiertos a la participación directa de los inversores, y reservado a emisiones de monto reducido. La normativa fue complementada por la resolución 2.377 del Banco Central del Uruguay (BCU), emitida a fines del año pasado, que estableció los requisitos de las empresas emisoras y de las emisiones, al tiempo que fijó topes de inversión y financiamiento para los diferentes agentes.

De acuerdo a esa definición, los límites máximos de inversión individual por emisión serán de 40.000 unidades indexadas (UI), y de 120.000 UI para cada plataforma de financiamiento colectivo.

“La reglamentación está pensada para habilitar la participación de pequeños inversores que quieren apoyar a emprendimientos locales. El mercado de valores doméstico no está demasiado desarrollado y son pocas las empresas que cotizan en bolsa o que acceden a la posibilidad de captar financiamiento por fuera del sistema bancario. Muchas veces, recurrir a los bancos no es una opción para pequeños emprendedores porque deben cumplir con condiciones burocráticas y costos que no le son atractivos. Regular en ese sentido las opciones de crowfunding abre una nueva alternativa para el emprendedor local”, señaló Jabcovski.

Además, la normativa aporta garantías para que los administradores de plataformas de financiamiento colectivo cumplan con la normativa para evitar el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.”

Un informe de CPA FERRERE sobre el tema destaca que tanto la fijación de límites máximos como la obligación para las empresas administradoras de aportar información sobre derechos y obligaciones, constituye una contribución para brindar mayor seguridad a los operadores de este nuevo segmento de mercado. En ese sentido, la regulación avanza en aspectos de transparencia y responsabilidades para los diferentes actores, agrega.

Otra de las exigencias introducidas por la normativa establece la obligación para los emisores de contar con la habilitación de las empresas administradoras, para lo que deben acreditar buenas prácticas de gobierno corporativo que aseguren trato justo e igualitario para los inversores. Asimismo, deberá estar certificada la competencia ética y profesional de los administradores, con la aplicación de sistemas de control de información confiables.

El financiamiento colectivo o crowfunding surge en el mundo como una alternativa para que grandes cantidades de individuos aporten pequeños montos de dinero para financiar una causa en concreto.

Existen diferentes alternativas, que van desde donaciones para favorecer causas solidarias; crowfunding de recompensa -que buscan una aportación económica a cambio de recibir un producto o servicio-; el crowlending, que instrumenta préstamos entre individuos; o el crowfunding de inversión, donde particulares aportan fondos a cambio de participaciones en el emprendimiento financiado.

“El desafío en Uruguay será despertar el interés y la confianza de emprendedores, empresa e inversores, que les permita generar un volumen de operaciones que las haga rentables y sostenibles en el tiempo”, afirma el análisis de CPA FERRERE. Para ello, tanto las empresas administradoras de plataformas como las que buscan financiamiento deberán promover fuertes campañas de marketing y ser atractivas para los inversores, además de contar con las garantías regulatorias para operar.

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